Tensión en el sur: un petrolero británico amarró en Ushuaia y Tierra del Fuego exige explicaciones a Nación
La Provincia cuestionó duramente la operación y reclamó al Gobierno nacional que explique por qué autorizó el ingreso de una embarcación vinculada al Reino Unido en un puerto estratégico atravesado por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
NACIONAL
Débora Fernandez
8/25/20265 min read
La presencia de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia volvió a poner a la soberanía de las Islas Malvinas en el centro de la escena política y abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno de Tierra del Fuego y la administración de Javier Milei.
La embarcación, identificada como VS Promise, se dedica al transporte de crudo y permaneció amarrada en la terminal portuaria de la capital fueguina. El hecho generó un fuerte rechazo por parte del Ejecutivo provincial, que considera incompatible la operación de un buque británico con la normativa vigente y con la posición argentina respecto de los territorios del Atlántico Sur.
El episodio adquiere una dimensión política todavía mayor porque el puerto de Ushuaia se encuentra actualmente bajo intervención del Gobierno nacional. La administración provincial sostiene que esta situación genera una contradicción: mientras Nación justificó la intervención de la terminal apelando a su importancia estratégica y a la necesidad de proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur, ahora una embarcación de bandera británica pudo operar allí.
Desde Tierra del Fuego reclamaron que el Gobierno nacional informe públicamente cuáles fueron los criterios utilizados para autorizar el ingreso y amarre del petrolero.
Un buque británico en un puerto estratégico
El VS Promise no es una embarcación de pasajeros ni un barco de carga convencional. Se trata de un petrolero destinado al traslado de crudo, circunstancia que incrementó la preocupación de las autoridades fueguinas debido a la sensibilidad estratégica de los recursos energéticos de la región.
De acuerdo con registros de seguimiento marítimo, el buque había pasado previamente por la zona de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, donde habría realizado operaciones vinculadas con la carga de petróleo antes de dirigirse hacia Ushuaia.
La presencia de la embarcación en la capital fueguina generó interrogantes adicionales acerca de quién contrató sus servicios, cuál era su recorrido y cuál sería su destino posterior.
Para el Gobierno provincial, sin embargo, el punto central no pasa solamente por la actividad comercial del buque, sino por su bandera británica y por el lugar donde se produjo la operación.
La normativa fueguina establece restricciones para la presencia de embarcaciones vinculadas al Reino Unido en los puertos provinciales, dentro del marco de la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
Por ese motivo, la administración de Gustavo Melella consideró especialmente grave que un buque británico haya podido ingresar y permanecer en el puerto de Ushuaia.
El conflicto por el control del puerto
El episodio también reavivó una disputa que Tierra del Fuego mantiene con el Gobierno nacional por la administración del puerto de Ushuaia.
La terminal es propiedad de la provincia, pero actualmente se encuentra intervenida por Nación a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. La medida fue cuestionada judicialmente por las autoridades fueguinas, que reclaman recuperar el control de la administración portuaria.
En ese contexto, la presencia del petrolero británico fue interpretada por la Provincia como una situación que profundiza las diferencias con la Casa Rosada.
El argumento central del Ejecutivo fueguino apunta a una supuesta contradicción entre las razones utilizadas para intervenir el puerto y las decisiones adoptadas posteriormente.
Para Tierra del Fuego, la importancia estratégica de Ushuaia está directamente relacionada con su ubicación geográfica, su proyección hacia el Atlántico Sur y su cercanía con la Antártida. Por eso, sostiene que cualquier decisión relacionada con el funcionamiento de la terminal debería contemplar también la cuestión de la soberanía.
El Gobierno provincial reclama, en consecuencia, que la intervención sea levantada y que la administración del puerto vuelva a quedar en manos de las autoridades fueguinas.
Malvinas vuelve al centro de la discusión
La polémica ocurre en un escenario particularmente sensible para la Argentina.
Tierra del Fuego considera a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur como parte de su territorio provincial, de acuerdo con el marco constitucional argentino. Al mismo tiempo, esos territorios permanecen bajo administración británica desde el conflicto de 1982 y son objeto de un reclamo de soberanía argentino.
Por esa razón, la llegada de una embarcación de bandera británica a Ushuaia tiene una carga política que excede ampliamente la actividad comercial del barco.
El Gobierno fueguino sostiene que la cuestión Malvinas debe estar presente en todas las decisiones vinculadas con el Atlántico Sur y considera que permitir la operación de un buque británico en Ushuaia representa una contradicción con ese principio.
La Provincia también remarcó que la defensa de la soberanía no puede limitarse a declaraciones políticas, sino que debe reflejarse en las decisiones concretas que se toman sobre los puertos, los recursos naturales y las actividades económicas desarrolladas en la región.
Reclamo directo al Gobierno nacional
Ante la situación, la administración de Melella exigió explicaciones al Gobierno de Javier Milei.
El pedido apunta a conocer quién autorizó la operación, cuáles fueron los criterios utilizados y qué organismos nacionales participaron de la decisión.
La Provincia también anunció que continuará utilizando las herramientas institucionales y judiciales disponibles para cuestionar la intervención del puerto y defender sus competencias.
El reclamo se produce además en medio de una serie de discusiones sobre la política argentina en el Atlántico Sur, una región que en los últimos meses volvió a concentrar atención política y estratégica.
Para las autoridades fueguinas, el caso del VS Promise no debería analizarse como un hecho aislado. La presencia de embarcaciones extranjeras, las actividades vinculadas con los recursos naturales y las decisiones sobre infraestructura portuaria forman parte, según su interpretación, de una misma discusión sobre el rol argentino en el extremo sur del país.
Una disputa que vuelve a escalar
El amarre del VS Promise en Ushuaia terminó convirtiéndose así en mucho más que una operación portuaria.
La presencia de un petrolero británico en la capital fueguina abrió un nuevo capítulo en la disputa entre Tierra del Fuego y Nación por el control del puerto y, al mismo tiempo, volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro del debate.
Mientras la Provincia exige explicaciones y cuestiona la autorización otorgada al buque, el conflicto por la administración de la terminal continúa en el ámbito judicial.
Ushuaia, por su ubicación y por su conexión con el Atlántico Sur y la Antártida, ocupa un lugar estratégico para la Argentina. En ese escenario, cualquier operación vinculada con una embarcación británica adquiere una dimensión política particular.
Ahora, la atención está puesta en la respuesta que dará el Gobierno nacional y en si el episodio derivará en nuevas presentaciones judiciales o en un enfrentamiento político más profundo entre la Casa Rosada y la administración fueguina.
Lo que comenzó con el amarre de un petrolero en un puerto terminó convirtiéndose en un nuevo foco de tensión alrededor de una de las cuestiones más sensibles de la política exterior argentina: la soberanía sobre las Islas Malvinas y el control estratégico del Atlántico Sur.