Tres de cada cuatro familias pobres no comen mientras Milei celebra un país imaginario

En un país donde la realidad golpea duro, el relato oficial sigue sumido en un mundo paralelo. Según un informe reciente del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (Isepci), el 76,5% de las familias pobres en Argentina se ven obligadas a reducir porciones o eliminar comidas por completo debido a la falta de recursos. Sin embargo, desde el gobierno de Javier Milei, el discurso parece desconectado de esta dura verdad, proclamando con orgullo que la pobreza ha bajado 20 puntos.

La contradicción es indignante. Mientras millones de argentinos lidian con la inseguridad alimentaria, que no solo implica menos comida sino también la pérdida de la calidad nutricional básica, Milei construye un país ficticio donde los problemas parecen haberse esfumado. Según el mismo informe, más del 70% de las familias encuestadas tuvieron que privarse de consumir alimentos esenciales como carnes, frutas o lácteos, y muchas simplemente no pueden garantizar las cuatro comidas necesarias para una nutrición básica.

Lo más preocupante es el impacto en los niños. Casi el 41% de los menores relevados presentan algún grado de malnutrición, ya sea por bajo peso, sobrepeso u obesidad. La pobreza infantil alcanza niveles alarmantes: dos tercios de los niños de 0 a 14 años viven bajo la línea de pobreza, y uno de cada cuatro se encuentra en hogares indigentes. Esta es la cara real del país, la que no se refleja en los discursos triunfalistas del oficialismo.

La brecha entre el relato y la realidad se hace aún más evidente cuando las cifras oficiales de pobreza e indigencia contradicen los datos celebrados por el gobierno. Mientras Milei asegura que la pobreza se redujo drásticamente, los informes revelan que más de la mitad de la población sigue siendo pobre y que las familias necesitan más de dos millones de pesos al mes para cubrir lo básico. El ingreso medio está muy por debajo de esta cifra, y muchas familias simplemente no logran cerrar esa brecha.

La indignación es inevitable. En un país donde cada vez más personas tienen que elegir entre comer o pagar el alquiler, los funcionarios celebran cifras que no representan la realidad. ¿Cómo pueden hablar de una baja en la pobreza cuando los comedores comunitarios están desbordados y las familias no pueden garantizarle a sus hijos una alimentación adecuada?

La desconexión entre la clase política y la vida cotidiana de los argentinos nunca fue tan evidente. Mientras los funcionarios celebran en sus despachos, el pueblo vive en carne propia el costo de una economía que los deja afuera. Esto no es una cuestión de narrativa, es una cuestión de vidas humanas.