Un gobierno que esquiva responsabilidades y ahoga a las provincias

La relación entre la Nación y las provincias atraviesa una nueva tensión que evidencia las falencias en la gestión del gobierno nacional. Esta vez, la polémica gira en torno a la propuesta de traspasar rutas nacionales a Santa Fe a cambio de que la provincia condone deudas históricas. El gobernador Maximiliano Pullaro, en una postura categórica, rechazó este intento de “negocio” que, a todas luces, resulta insostenible.

En declaraciones realizadas en Serodino, durante los festejos por los 138 años de la localidad, Pullaro dejó claro que Santa Fe no aceptará esta exigencia. “No está bien que nos quieran cambiar la deuda que tiene la Nación con la provincia por el traspaso de las rutas nacionales. Nos tomamos un problema que es de ellos para resolverlo nosotros, y encima nos dicen que a la deuda no la tenemos más”, afirmó.

La Nación, en su afán por reducir el déficit fiscal, ha decidido abandonar las obras y el mantenimiento en rutas clave, como la A012, la 11 y la 33. Sin embargo, pretende transferirlas a la provincia bajo la condición de ingresar al Régimen de Compensación de Deudas y Acreencias dispuesto por decreto presidencial. Esto implicaría renunciar a la demanda judicial iniciada por Santa Fe contra la Nación por los fondos previsionales adeudados y otros compromisos pendientes.

Un precio “demasiado alto”

Desde la Casa Gris, las críticas al planteo nacional fueron contundentes. Para Santa Fe, la deuda con la Nación no es un tema menor: incluye no solo los fondos previsionales que adeuda Anses, sino también montos por el mantenimiento de presos federales y otros aportes incumplidos. Según el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, aceptar esta propuesta implicaría un escenario de incertidumbre en cuanto a plazos y montos. “Esto puede demorar uno, dos, tres, cuatro años o no darse nunca”, alertó el funcionario, quien además subrayó la urgencia de reparar las rutas.

¿Quién asume las responsabilidades?

Lo que queda en evidencia es una estrategia del gobierno nacional para deslindarse de sus obligaciones y trasladarlas a las provincias, en este caso a Santa Fe. El argumento de “no hay plata” no solo pone en riesgo la seguridad vial de miles de santafesinos, sino que también expone un manejo discrecional de los recursos. Pretender que una provincia asuma obras y mantenimiento de rutas nacionales sin garantizar el pago de las deudas previas es, como señaló Pullaro, un “toma y daca” inaceptable.

El gobierno de Santa Fe, aunque dispuesto a buscar soluciones ante la inacción de la Nación, dejó en claro que no aceptará condiciones abusivas. “Vamos a reclamar y defender los intereses de la provincia. Bajo ningún concepto vamos a entrar en un toma y daca por la deuda. La deuda nos la tienen que pagar”, enfatizó el gobernador.

Una gestión en jaque

Este episodio no es aislado. Refleja un patrón en la gestión nacional que prioriza la reducción de gastos sobre las necesidades concretas de las provincias y sus habitantes. El deterioro de las rutas nacionales no solo pone en riesgo la conectividad, sino también la seguridad de quienes transitan por ellas. Al deslindarse de su responsabilidad, la Nación no solo deja a las provincias en una situación compleja, sino que también compromete su propio rol como garante del desarrollo federal.

Santa Fe, con una postura firme, vuelve a marcar la cancha en defensa de sus derechos. Sin embargo, este conflicto pone sobre la mesa una pregunta más amplia: ¿hasta cuándo la Nación podrá eludir sus responsabilidades sin poner en jaque la cohesión federal del país?