YPF: un fallo de la jueza de Nueva York cerraría la demanda y evitaría el pago de US$16.000 millones a los fondos buitre.
Puede ser el final de una larga batalla legal en el juzgado de Loretta Preska que comenzó con el reclamo por la manera en que la compañía fue Re estatizada. Inicialmente, el Gobierno debía pagar 16.000 millones de dólares, pero esa posibilidad está a punto de caer para siempre.
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Camila Dominguez
10/21/20263 min read
YPF: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena contra la Argentina por US$16.100 millones
La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejó sin efecto formalmente la sentencia de primera instancia que en 2023 había condenado a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF. La decisión acata el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito y representa un avance judicial para el país, aunque la disputa todavía no está definitivamente cerrada.
La resolución de Preska anula la condena que, con los intereses acumulados, superaba los US$18.000 millones. El monto representaba una potencial obligación de gran magnitud para las cuentas públicas argentinas, en un litigio que se inició tras la recuperación estatal del 51% de las acciones de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El fallo que cambió el rumbo de la causa
En marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia al considerar que se había interpretado incorrectamente el derecho argentino. Los jueces Denny Chin y Beth Robinson votaron a favor de anular el fallo, mientras que José Cabranes presentó una disidencia.
El tribunal de alzada sostuvo que los argumentos utilizados para condenar al Estado argentino no eran compatibles con la legislación aplicable. También consideró que el estatuto de YPF no constituía un contrato bilateral entre los accionistas y la compañía que habilitara el reclamo por daños planteado por los demandantes.
Posteriormente, el pleno del tribunal rechazó revisar esa decisión en junio, por lo que quedó agotada la instancia ordinaria de apelación.
Con ese antecedente, Preska formalizó ahora la anulación de su sentencia de 2023 y desestimó el reclamo por incumplimiento contractual contra la Argentina en el expediente original.
Burford Capital todavía puede recurrir
El litigio fue impulsado por empresas vinculadas al Grupo Petersen y Eton Park, cuyos intereses son representados por el fondo Burford Capital, que financia la demanda y busca obtener una compensación económica.
Los demandantes sostenían que, durante la expropiación de YPF en 2012, el Estado argentino debía haber realizado una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios, conforme a las disposiciones que invocaban en el estatuto de la compañía.
En 2023, Preska había aceptado ese planteo y ordenado el pago de US$16.100 millones. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revirtió posteriormente ese criterio, modificando de manera sustancial el escenario judicial para el país.
Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si acepta tratar el recurso presentado por Burford Capital. Esa instancia será determinante para establecer si la controversia puede reabrirse ante el máximo tribunal estadounidense.
El impacto para las cuentas públicas
La anulación de la condena reduce significativamente el riesgo de que la Argentina deba afrontar un pago multimillonario por esta causa. Evitar una obligación de más de US$18.000 millones tendría consecuencias relevantes para las finanzas públicas y para la disponibilidad de divisas, aunque el resultado definitivo dependerá de los próximos pasos judiciales.
De todos modos, es importante distinguir entre la anulación de la sentencia original y el cierre definitivo de todas las controversias vinculadas con YPF: la posibilidad de una intervención de la Corte Suprema mantiene abierto un capítulo del conflicto.
Por el momento, el fallo de la Cámara de Apelaciones y la resolución posterior de Preska modificaron el panorama de uno de los litigios internacionales más costosos que enfrentó el Estado argentino. La próxima decisión de la Corte Suprema estadounidense será clave para determinar si este resultado queda firme.